"El mayor desafío que puede asumir un defensor de los derechos humanos es garantizar su cumplimiento desde el Ministerio de Gobierno", dijo el sábado el nuevo Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
    Llorenti desempeñó por muchos años la dirección de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y hasta hoy se desempeñaba como Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. Releva en el cargo a Alfredo Rada, quien permaneció al frente del Ministerio tres años.
    El nuevo ministro resaltó que si bien es importante la labor que cumplen los organismos de defensa de los derechos humanos, es el Estado el que da vigencia a los mismos.
    Dijo que asumía el cargo por invitación del presidente Evo Morales Ayma y porque tiene "un compromiso de vida para contribuir a la consolidación del proceso de cambio".
    Subrayó que es un Ministerio complejo que conducirá con acciones que estén al servicio de la ciudadanía, tanto para garantizar la seguridad ciudadana como para proteger al país de la delincuencia.
    Con relación a las acciones que imprimirá para lograr la extradición del ex candidato Presidencial del Plan Progreso para Bolivia (PPB) y ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, señaló que coordinará con otras entidades estatales para sumar esfuerzos con ese objetivo.
    El nuevo Ministro puntualizó que es una cuestión de Estado hacer que personas que tienen deudas pendientes con la Ley sean procesados con todas las garantías de defensa que le otorga la Constitución.
    Reyes Villa huyó de Bolivia a mediados de enero pasado con rumbo a Estados Unidos para no responder a las acusaciones en su contra en los tribunales.
    "Todas las personas que cometieron delitos y huyen reconocen implícitamente sus delitos", subrayó Llorenti.
    Destacó la labor desempeñada por el ministro saliente de Gobierno, de quien dijo que al frente del cargo tuvo que sortear momentos difíciles en los que sectores de oposición pusieron en riesgo no solamente al Gobierno, sino la unidad nacional, como fueron el golpe cívico-prefectural montado en septiembre de 2008 y la desarticulación en abril de 2009 de una banda de mercenarios extranjeros que fueron contratados para generar la división del país.
    Resaltó que su política será mantener el diálogo para solucionar los conflictos que puedan presentarse y encarar todos los programas que permitan dar al ciudadano las garantías.
    Manifestó que entre esas tareas se encuentran la dignificación de la Policía Nacional y el trabajo conjunto con la sociedad para mejorar la seguridad ciudadana, además de contribuir a la transformación de la administración de justicia.
     Consultado sobre las razones para propiciar la entrega del Despacho a pocas horas de ser posesionado, al igual que en el Ministerio de Defensa, Llorenti aseveró que cuando se trata de la seguridad interna y externa de Bolivia no se debe perder tiempo.